La política del miedo.Por J. Walter Tejada -La política del miedo, no los hechos, continúa motivando a los legisladores de la Asamblea General de Virginia, para crear un clima anti-inmigrante. |
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Semanas atrás, el Senador estatal Thomas Norment habló con mucha elocuencia sobre las propuestas de ley que actualmente se consideran en la Asamblea General de Virginia y cómo han afectado la percepción del país y del mundo hacia nuestro estado. Como lo señaló también el Senador Norment, el estado de Virginia está a punto de celebrar “Jamestown 2007”, nuestro 400 cumpleaños y estamos invitando a todo el mundo a que vengan aquí y nos ayuden a celebrar este gran acontecimiento. Al Senador Norment le preocupa la legislación llamada “pantalones caídos” la cual ha dejado al estado en ridículo y ha distraído a la legislatura de otras importantes tareas. Sin embargo, hay otro tipo de legislación pendiente, la cual le podría hacer más daño a nuestra imagen internacional, que las caricaturas y los chistes de los programas nocturnos, sobre la propuesta de ley en contra de los “pantalones caídos”. La dura realidad es que la agenda legislativa está llena de propuestas de ley anti-inmigrantes que podrían afectar negativamente a la economía del estado, discriminar a las minorías étnicas que residen en este estado y desalentar a los turistas y compañías extranjeras de visitar y hacer negocios en Virginia. En esta sesión legislativa, se han hecho propuestas que le habrían negado la licencia de manejar a quienes no hablen o lean inglés – aunque para los analfabetos estadounidenses habría excepción y sí la podrían obtener, propuestas que le darían poderes extras a la policía para detener a los ciudadanos en cualquier momento y exigirles muestren una identificación, que le daría más poder a las agencias policíacas locales para arrestar a los inmigrantes sin tener que obtener una orden de arresto; propuestas que le pedirían a las personas a que muestren “Presencia Legal” para poder asistir a los tribunales, para obtener licencias profesionales y comerciales, licencias matrimoniales, certificados de defunción y otros documentos vitales. Quedan pendientes las propuestas de ley que harían de Virginia el primer y único estado que le niega la oportunidad de que los jóvenes indocumentados puedan asistir a las universidades y colegios comunitarios estatales; las propuestas que exigen que todos (ciudadanos y no ciudadanos) demuestren que están legalmente presentes en los Estados Unidos de América antes de recibir Medicaid o beneficios sociales, y las propuestas que le niegan los beneficios de compensación a todos aquellos que no tengan “presencia legal” y que se lastimen o hasta pierdan la vida a causa de un accidente laboral. Todas las personas razonables podrían debatir el impacto y las políticas implícitas en estas propuestas. Sin embargo, lo que no se puede debatir es el clima negativo y anti-inmigrante que estas propuestas propician y su efecto tóxico en las minorías étnicas y las comunidades inmigrantes de Virginia. Estos no son asuntos que sólo afecten a los trabajadores indocumentados y a los extranjeros “ilegales”. Las acciones y la retórica de esta Asamblea General Legislativa de Virginia están enviando un mensaje negativo a cada uno de los inmigrantes que viven y que trabajan arduamente en Virginia, a aquellos que nacieron aquí, a los que son residentes permanentes y también a los que continúan el proceso de ajustar su status migratorio. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos sobre el derecho a las oportunidades, cuando sus amigos de la escuela, a quienes han conocido toda su vida, les niegan el derecho de ir a la Universidad, aunque tengan las mejores calificaciones? ¿Cómo podemos quitarle a las pandillas sus fincas de reclutamiento que son nuestros jóvenes cuando a estos mismos jóvenes se les dice que no van a poder ingresar a las universidades y por consecuencia no van a poder aspirar a un adiestramiento técnico para tener un trabajo decente? ¿Qué les decimos a nuestros amigos y familiares quienes reciben un trato diferente en el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) o al solicitar Medicaid para un pariente que necesita asistencia especial para seguir viviendo? ¿Cómo podemos decir que somos compasivos, cuando los inmigrantes que trabajan construyendo nuestras carreteras o cosechando nuestros alimentos mueren en un accidente laboral y no tienen derecho de recibir ni siquiera los $1.000.00 de beneficios compensatorios que le ayudarían a la familia a enviar el cadáver a su país? ¿Cómo le podemos decir al mundo que lo invitamos a visitar el estado donde nació la democracia, cuando tantos de nosotros que vivimos aquí sentimos cada vez más que no somos bienvenidos? La Comisión Adjunta de Auditoria y Evaluación Legislativa de Virginia (JLARC), un comité de trabajo establecido por la misma Asamblea Legislativa de Virginia, completó recientemente una investigación sobre los inmigrantes en Virginia y concluyó que 44% del crecimiento laboral de Virginia en los años 90s se debió a los inmigrantes; concluyó también que los inmigrantes que viven en Virginia son quienes contribuyen de manera muy significativa a nuestra economía, que pagan impuestos y que sólo reciben un poco más de beneficios en el área de la salud que otros grupos. Muchos líderes comunitarios inmigrantes, estábamos optimistas que este estudio les ofrecería a los legisladores las bases para crear políticas basadas en hechos, y no en utilizar la política del miedo. Hasta el momento, la Sesión de la Asamblea General Legislativa del 2005 nos ha desilusionado. Quizás, todavía no es muy tarde para que los legisladores de Virginia reevalúen estos aspectos y se basen en los hechos y no en los miedos infundados al tomar sus decisiones. Honorable J. Walter Tejada Miembro Junta de Gobierno del Condado de Arlington/ Co-Fundador y Miembro Activo de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO)
Fear Not Fact Continues to Fuel Anti-Immigrant Legislation in Virginia General Assembly
Last week, Senator Thomas Norment talked eloquently about how legislation under consideration this session of the General Assembly is affecting how this Commonwealth is seen across the nation and, indeed, throughout the world.
As Senator Norment pointed out, Virginia is on the verge of the Jamestown 2007 celebration -- our 400th birthday party to which we have invited the world. Senator Norment’s concern was that the so-called low rider pants legislation had exposed Virginia to international ridicule and distracted the legislature from the important work before it.
There is other legislation pending this session, however that could do more harm to our international image than the humorous stories in newspapers around the world and Tonight Show jokes generated by the baggy pants bill. The sobering fact is that the legislative docket this session is jammed with anti-immigrant legislation that will adversely affect our economy, expose ethnic minorities in the Commonwealth to discrimination, and discourage foreign tourists and companies from coming to or doing business here.
Bills have been offered this session that would have denied drivers’ licenses to persons who didn’t speak or read English (while making them available to the “illiterate”), authorize police officers to stop citizens on the street and demand identification, give added powers to local police to stop and detain aliens without a warrant, and require persons to prove lawful presence to gain access to the courts, professional and commercial licenses, wedding licenses, death certificates and other vital records.
Still pending are bills that would make Virginia the first and only state in the nation to deny undocumented immigrant children the opportunity to attend state community and four year colleges, even at out of state rates; require everyone (citizens and non-citizens alike) to prove that they are lawfully present in the United States before receiving Medicaid or social services benefits; and deny worker’s compensation benefits to anyone who is not legally present at the time of a workplace injury or death.
Reasoned people can debate the impact or the policy issues raised by each of these bills. What is not debatable, however, is the negative climate fueling these bills and the toxic effect of this legislation on ethnic minorities and immigrants in the Commonwealth, citizens and non-citizens alike. This is not an issue that only affects undocumented workers and so-called “illegal aliens.” The actions and rhetoric of this General Assembly is sending a negative message to every immigrant living and working here in Virginia whether that immigrant is a citizen, a permanent resident alien, or is still working to adjust his or her status.
How do we teach our children about opportunity when lifelong school friends suddenly are denied the right to go to college even if qualified?
How do we deny gangs fertile recruiting grounds among our young people when these youngsters are told they cannot seek technical training to get a decent job?
What do we say to our friends and family when they are subjected to different and discriminatory treatment at the DMV or when they go to seek Medicaid for a parent or relative who is entering a nursing home?
How do we say that we are humane when an immigrant working on a new highway or on a farm is killed on the job but isn’t even entitled to the $1,000 worker’s compensation transportation benefit that could help send his body home?
How do we say to the world that we want to extend a welcome to visit the birthplace of our democracy when many of us who live here feel increasingly that we are unwelcome to stay?
The Joint Legislative Audit and Review Commission (JLARC) of the Virginia legislature recently completed a study on the foreign born in Virginia that found that 44% of the job growth in Virginia in the 90’s was immigrant workers, that foreign born Virginians make significant contributions to our economy and pay taxes, and that foreign born Virginians do not draw disproportionately on public benefits except for health care.
Many immigrant community leaders were optimistic that the JLARC report would provide a basis for the General Assembly to make policy choices based on facts not fear. Thus far, the 2005 Session reveals our optimism to have been misplaced. Perhaps it is not too late for the Virginia legislature to reevaluate these issues and rely on facts, not fear to reach their decisions.
The Honorable J. Walter Tejada Member, Arlington County Board; Founding Chairman and current Member of the Virginia Coalition of Latino Organizations (VACOLAO) |
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